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12 de junio, 2007
DEPARTAMENTO DE
ESTADO EMITE
INFORME SOBRE
TRATA DE PERSONAS 2007
REPUBLICA
DOMINICANA EN LISTA DE OBSERVACION CATEGORIA 2
El Congreso de los Estados
Unidos, mediante la aprobación del Acta de Protección a las Víctimas de la Trata
(TVPA por sus siglas en inglés), según las enmiendas introducidas al Acta, le
exige a la Secretaria de Estado someter este Informe el primero de junio de cada
año.
Los países que poseen un número
significativo de víctimas de trata son designados en una de tres categorías.
-
En la Categoría 1 se
incluyen los países que cumplen con los “estándares mínimos para la
eliminación de las formas severas de la trata”, según lo establecido en el
TVPA.
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En la Categoría 2 se
incluyen los países que no cumplen plenamente con los estándares mínimos,
pero que están haciendo grandes esfuerzos para cumplir con estos estándares.
-
En la Categoría 3 se
incluyen los países que no cumplen con los estándares mínimos, ni hacen
esfuerzos significativos para alcanzarlos.
La Lista de Observación de la
Categoría 2 consiste en los países, de la Categoría 2, que:
-
no han hecho “esfuerzos
significativos” en el último año;
-
han evitado el renglón de
Categoría 3 en base a los compromisos de reformas asumidos en contra de la
trata en el transcurso del último año, o
-
han tenido una cantidad
muy significativa de víctimas de la trata o un porcentaje creciente de
víctimas.
Los países clasificados en la
Categoría 3 están sujetos a las restricciones estatutarias para el año fiscal
siguiente en cuanto a asistencia extranjera no humanitaria, y asistencia no
relacionada con el comercio.
Además, el Presidente de los Estados Unidos podría instruir
a los directores ejecutivos estadounidenses en las instituciones financieras
internacionales a que se opongan al otorgamiento de préstamos, o a otro uso de
fondos (que no sean humanitarios, relacionados con el comercio o ciertos tipos
de asistencia para fines de desarrollo).
INFORME SOBRE
REPUBLICA DOMINICANA EN LISTA DE OBSERVACIÓN CATEGORIA 2
La República Dominicana es un país de origen, de tránsito y
destino para hombres, mujeres y niños que son traficados para la explotación
sexual comercial y para el trabajo forzado. Mujeres y niños dominicanos son
traficados para la explotación sexual en Europa Occidental, Australia,
Argentina, Brasil, Costa Rica, el Caribe, Panamá y Surinam. Un gran número de
mujeres y niños también se trafican dentro del país para la explotación sexual y
el trabajo forzado. Algunos niños nacidos en la República Dominicana son
traficados para realizar trabajos forzados y para participar en el negocio
organizado de mendigos. Algunos haitianos, incluyendo niños, se trafican hacia
la República Dominicana para ser empleados forzosamente en los sectores de la
construcción y la agricultura; muchos viven en barrios de casuchas escuálidas
llamados bateyes. Se reporta que venezolanos y colombianos también son
traficados al país para la explotación sexual y el trabajo forzado. Algunos
nacionales chinos han sido contrabandeados a la República Dominicana
alegadamente con la asistencia de altos funcionarios consulares dominicanos y de
inmigración, y sujetos a condiciones de servidumbre involuntaria mientras
esperan seguir su rumbo hacia los Estados Unidos.
El Gobierno de la República Dominicana no cumple plenamente
con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico; sin embargo, está
haciendo grandes esfuerzos para lograrlo. La República Dominicana está en la
Lista de Observación Categoría 2 por su incapacidad de mostrar evidencia de
esfuerzos crecientes para combatir el tráfico humano, particularmente en
términos de proporcionar más asistencia a las víctimas y de realizar acciones
vigorosas para contrarrestar la complicidad oficial con la actividad del
tráfico. Aunque la Procuraduría hizo grandes esfuerzos para procesar a
traficantes el año pasado, el gobierno debe aumentar el personal que tiene a su
cargo hacer cumplir las leyes anti-tráfico, y agilizar los esfuerzos para
arrancar con agresividad cualquier complicidad oficial con el tráfico humano,
especialmente entre altos funcionarios.
La República Dominicana debe proveer más protección legal
para las víctimas del tráfico, y aumentar los esfuerzos y los recursos de
prevención contra el tráfico a las instituciones y organizaciones que dan
refugio y servicio social. Se debe prestar mayor atención hacia la
identificación y asistencia a las víctimas haitianas del tráfico.
Procesamiento
El Gobierno de la República Dominicana hizo esfuerzos por
investigar y procesar los delitos del tráfico durante el período de reporte. La
República Dominicana prohíbe todas las formas de tráfico en su amplia ley anti-tráfico,
Ley 137-03, que penaliza hasta con 20 años de prisión. Estas penalidades son
suficientemente rigurosas y proporcionales con aquellas dadas a otros delitos
graves. El gobierno inició 120 procesamientos por tráfico y contrabando de
extranjeros mediante esta ley el año pasado, obteniendo tres condenas
específicas de tráfico; los acusados recibieron condenas de 15 a 20 años de
prisión.
Aunque los esfuerzos del gobierno para condenar a los
traficantes permanecieron al mismo nivel del año pasado, más de 30
procesamientos durante el período de reporte fueron el resultado del arresto de
militares y otros funcionarios públicos por involucrarse en el tráfico; de esta
cantidad, tres funcionarios han sido condenados. Aunque esto representa un
progreso importante en un área extremadamente difícil, la República Dominicana
debe hacer mucho más para atacar el tema crítico de la complicidad oficial con
el tráfico humano en todos los niveles gubernamentales. Informes de prensa
alegan que altos funcionarios consulares y de inmigración estuvieron
directamente involucrados con el contrabando de nacionales chinos, algunos de
ellos víctimas del tráfico, hacia la República Dominicana. Cualquier persona
que se encuentre implicada en el contrabando o tráfico de personas debe ser
llevada a la justicia. El Director de la Unidad Anti-Tráfico de la Procuraduría
llegó a tener algo de éxito al abordar ésta y otras áreas; sin embargo,
permaneció suspendido de sus funciones al final del período de reporte por
razones no especificadas.
Protección
Los esfuerzos del gobierno para proteger las víctimas del
tráfico siguieron inadecuados, mientras el mismo gobierno continuaba descansando
en gran medida de las organizaciones internacionales y las ONGs para ofrecer los
servicios de protección. Aunque el gobierno mantiene refugios y programas para
las víctimas de la violencia doméstica y el abuso sexual, generalmente estos
servicios no son accesibles para las víctimas del tráfico. El gobierno no ha
desarrollado procedimientos formales para identificar a las víctimas entre las
poblaciones vulnerables, como los inmigrantes indocumentados o las personas
detenidas por delitos relacionados con la prostitución.
Sin embargo, el gobierno continuó entrenando a funcionarios
establecidos en el extranjero para reconocer y ayudar a las víctimas de tráfico
donde desempeñan sus funciones. Los derechos de las víctimas se respetan
generalmente, y no hubo informes de víctimas en prisión o penalizadas por los
delitos cometidos como resultado directo de haber sido traficado. Sin embargo,
hubo informes de que algunos funcionarios conspiraron con los empleadores para
repatriar a las personas de ascendencia haitianas traficadas si intentaban dejar
los ambientes laborales de explotación, forzándoles a dejar detrás su pago y sus
pertenencias. Las autoridades dominicanas generalmente motivan a las víctimas a
que ayuden en la investigación y procesamiento de sus traficantes, aunque las
personas indocumentadas de ascendencia haitiana fueron muchas veces descuidadas.
El gobierno no provee alternativas legales que la remoción
de las víctimas extranjeras a los países donde enfrentan dificultades o
retribución. El gobierno debe asegurar la protección a los haitianos y personas
indocumentadas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana,
muchos de los cuales pasan a ser víctimas del tráfico de personas.
Prevención
El gobierno realizó esfuerzos limitados de prevención al
conducir seminarios contra el tráfico en escuelas de todo el país, llegando a
más de 5,000 estudiantes. El gobierno depende de las ONGs y las organizaciones
internacionales para todas las demás actividades de prevención. | 
