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La Embajada

6 de marzo, 2007

Página de Introducción del Informe de los Derechos Humanos del Departamento de Estado sobre la República Dominicana

Santo Domingo – A continuación la página de introducción que aparece sobre la República Dominicana en el Informe de los Derechos Humanos que anualmente publica el Departamento de Estado de los Estados Unidos.  La versión completa y detallada del informe aparece en la página electrónica de la Embajada de los Estados Unidos, en la dirección: www.embajadausa.gov.do.

La República Dominicana es una democracia constitucional y representativa, con una población de aproximadamente 9.2 millones de personas.  Se estima que en el país hay entre 650,000 a un millón de haitianos indocumentados.  En agosto de 2004 el Presidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue elegido por un segundo período no consecutivo, y en mayo el PLD ganó la mayoría en ambas cámaras legislativas durante la celebración de las elecciones municipales y congresuales.

Observadores extranjeros imparciales evaluaron ambos procesos electorales.  Concluyeron que éstos fueron mayormente libres y justos.  Aunque las autoridades civiles generalmente mantuvieron control efectivo de los organismos de seguridad, se produjeron circunstancias donde elementos de estos organismos actuaron de manera independiente de la autoridad gubernamental.

Aunque la trayectoria gubernamental en torno a los derechos humanos mejoró algo, serios problemas permanecieron, tales como:  asesinatos ilegales;  golpizas y otros abusos cometidos contra los sospechosos, detenidos y prisioneros; las condiciones de las prisiones continuaban pobres o críticas; continuaron los arrestos arbitrarios y la detención de los sospechosos; seria discriminación contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes; prostitución infantil y otros abusos contra la niñez; tráfico de personas; y el irrespeto a los derechos laborales fundamentales.

El nuevo Jefe de la Policía implementó cambios que disminuyeron los niveles de asesinatos y otros abusos ejecutados por las fuerzas de seguridad y, en algunos casos, llevó ante la justicia a aquellos que se sospechaba habían actuado de manera incorrecta.

La implementación continua del nuevo Código Procesal Penal proveyó a los detenidos protección adicional, mejoró los procedimientos y mejoró el nivel de respeto a favor de los derechos de los detenidos.

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